La reciente Sentencia de 23 de febrero de 2010 de la Sala tercera del TS vuelve a arrojar dudas sobre el alcance y presupuestos de la revocación de los actos administrativos prevista en el artículo 105 de la Ley 30/1992 (LRJPAC).
Algunso autores (como Santamría Pastor) y recientemente el propio Consejo Consultivo de Madrid, etienden que la revocación del 105 permite, eso, la revoación de actos administrativos desfavorables para al ciudadano; revoación declarada por motivos de oportunidad o de legalidad a instancia del perjudicado o actuado de oficio. Según los citados, el procedimiento de revocación se realizaría al margen de los exigentes requisitos exigidos para la "revisión de oficio" (especialmente, el dictamen del consejo consultivo correspondiente).
En doversas actuaciones he seguido esta doctrina (avalada por alguna juriprudencia menor y algunas decisiones del Consejo de Estado). Sobre todo cuando se trataba de reponer situaciones "imposibles" en las que el tiempo para los recursos ordinarios había ya transcurrio. En algún caso, la actuación ha tenido éxito sin mayores trámites que un petición de revocación fundamentada.
Sin embargo, la citada Sentencia arroja--en mi opinión-- dudas sobre la referida doctrina, pues de algún modo, en su FJ segundo, parece dar a entender --no es claro-- que la revocación de actos sólo e spopsible por la vía del exigente procedimiento de la revisión de oficio del artículo 102 LRJPAC, un procedimiento que exige el previo pronuniciamoento del Consejo Consultivo correspondiente. La verdad es que no está claro, pues en la segunda aprte de su argumentación, sí que se alude al artículo 105 y a la posibilidad de anular actos desfavorables sin mayor trámite que la consulta con el propio ciudadano.
En fin, espermos a ver cómo evoluciona la propia jusirprudencia y qué aplicación merece la citada resolución.
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