Los horarios comerciales y el alcance de su regulación regresan al debate jurídico. La Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar una norma con rengo de ley en la se eliminan en su ámbito territorial las actuales limitaciones a los horarios de apertura. Al parecer, según se informa, la nueva ley consagra la libertad total; cada comerciante, cada empresario, decidirá cuándo y cuánto tiempo abrir y cerrar. La solución no es pacífica. Para muchos comerciantes la nueva disposición sólo favorece a los grandes establecimientos y ello en la medida en que sólo ellos disponen del margen comercial preciso, así como de los recursos y personal necesario para aprovechar la liberalización prevista.
Esta cuestión no es nueva. Existe desde que en la estructura del comercio español empezaron a ser significativas las grandes superficies comerciales (las cuales, por cierto, también activaron el debate entre sobre la libertadse de establecimiento).
Las soluciones adoptadas por le legislador y las Administraciones competentes han ido desde un punto de partida favorable a la limitación hasta posiciones cada vez más flexibles. En la actualidad esta cuestión esta regulada con carácter básico por el Estado, a través de la Ley 1/2004 de Horarios Comerciales. Dentro del marco determinado por dicha ley, le corresponde a las comunidades autónomas su desarrollo y determinación concreta de horarios dentro de sus respectivos territorios. La ley básica estatal establece un marco de mínimos, es decir, es una ley que en buena medida se muestra favorable a la libertad de horarios, razón por la cual diseña un régimen con barreras destinadas a impedir una excesiva restricción de horarios por parte de las comunidades. Así pues, la ley estatal fija “suelos”, esto es, mínimos de tiempo de apertura que en todo caso las comunidades han de espetar. Pero, ¿y en sentido contrario? ¿Establece la ley estatal un techo? Es decir, ¿impone la ley estatal límites máximos a los horarios de apertura?
La comunidad de Madrid ha considerado que no, de ahí lógicamente el proyecto legal aprobado. Sin embargo, lo cierto es que existen razones para sostener que la ley básica sí ha fijado o si quiere que exista un límite de máximos tiempos de apertura que sea razonable y compatible con los principios que informan, en general, la articulación de la economía en un Estado que la Constitución quiere que sea, entre otras cosas, Social.
En definitiva, una lectura atenta de la norma, en su contexto, pone de relieve que si bien es cierto que el legislador estatal apuesta por una flexible libertad de horarios, no lo hace sin embargo de forma incondicional y sin limitación alguna.
En este sentido no es descabellado considerar que cuando el artículo 3 de la cita ley estatal habla de “horario global” máximo o cuando el artículo 5 establece excepciones la plena libertad de horarios, está dando por sentado que el en el marco de los principios y objetivos que informan un Estado social --que no se rige o no debiera regirse por exclusivos criterios de rentabilidad y que excluye una interpretación de la libertad contraria al bien común-- el modelo que parece haber elegido la comunidad de Madrid no tiene cabida en nuestro sistema.
A mayor abundamiento, cabe preguntarse si una medida como la proyectada, está dentro del ámbito competencia de “comercio interior” de la Comunidad o, en cambio, pertenece más al título estatal de ordenación de la economía.
En fin, es preciso ver en que termina y cómo se concreta la iniciativa anunciada para concluir con mayor precisión sobre su encaje en nuestro Ordenamiento. Pero, como se ha expuesto, un primer vistazo a la información que se ha ofrecido sobre la futura norma arroja serias dudas.
